En dependencias del Ministerio de Educación, sostuvimos una reunión con la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez; el Jefe de Educación General, Jorge Figueroa; y el Jefe de Programación y Agenda, Gabriel Fernández, con el objetivo de presentar sus inquietudes frente a la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026–2027, que establece criterios que dejan en segunda prioridad el acceso a la educación de niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular.

La instancia tuvo como foco principal el aseguramiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes inmigrantes y de hijos e hijas de personas migrantes en Chile, así como la protección de sus datos personales en los procesos administrativos vinculados al sistema educativo.

Derecho a la educación sin discriminación

Durante la reunión, manifestamos su preocupación por la incorporación de un criterio que podría generar discriminación en el acceso al sistema educativo, lo que resulta contrario a los principios constitucionales, a la normativa educacional vigente y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, se abordó el avance de iniciativas legislativas que podrían profundizar estas barreras:

• Boletín N° 17474-06, que busca restringir el acceso de personas inmigrantes en situación irregular a beneficios financiados con recursos fiscales.
• Boletín N° 16692-06, que propone otorgar preferencia en el acceso a establecimientos educacionales públicos a personas chilenas o extranjeras con residencia temporal o definitiva.

Desde Infomigra enfatizamos que el acceso a la educación es un derecho fundamental que debe garantizarse sin discriminación, independiente de la situación migratoria de los niños, niñas y adolescentes o de sus familias.

Protección de datos personales y garantías para las familias migrantes

Un segundo eje de la reunión fue la protección de los datos personales de estudiantes migrantes y de sus familias, particularmente en procedimientos como el enrolamiento establecido en el artículo 44 de la Ley de Migración 21.325 y el uso de identificadores provisorios como el IPE y el IPA.

En este contexto, se planteó la necesidad de asegurar que estos mecanismos tengan como único objetivo garantizar el acceso a derechos y no puedan ser utilizados para fines de persecución o expulsión, resguardando la confianza de las comunidades en el sistema educativo.

Compromiso con el seguimiento

Infomigra reafirmó la importancia de avanzar en políticas públicas que aseguren el acceso universal a la educación y la protección integral de la niñez, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Cualquier novedad respecto de esta materia será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales.