Los cerca de un millón quinientos mil migrantes que, se estima, viven en Chile, son una realidad que exige ciertamente un rediseño de la institucionalidad con el fin de facilitar su inclusión social, económica, política y educacional.
Noticia publicada por Bio Bio Chile el 08 de Diciembre 2021
Mediadora Intercultural de nacionalidad haitiana del Programa PACE UCSH (Universidad Católica Silva Henríquez)
Durante los últimos años, Chile ha sido un destino para miles de migrantes provenientes principalmente de Venezuela, Colombia, Haití y República Dominicana. Una oleada que se suma a peruanos, bolivianos y argentinos, residentes que, en su mayoría, ingresaron años antes a este territorio.
Migrantes y educación
En esta línea, el estudiantado migrante representa anualmente cada vez más un porcentaje más significativo de la matrícula total. En el año 2020, por ejemplo, existían 178.060 estudiantes migrantes matriculados en el sistema educativo, representando el 4,9% de la matrícula total.
Estas cifras, que podrían ilustrar un proceso positivo de integración, se transforman en un enorme desafío cuando estos estudiantes terminan la enseñanza media, ya que son muchas las barreras que les impiden acceder a la educación superior por ser discriminados por su situación migratoria. Se trata de niños, niñas y adolescentes inocentes respecto de la decisión de emigrar que tomaron sus familiares.
En abril de este año se promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería en Chile, que establece los deberes y obligaciones que tienen las personas migrantes, buscando promover una migración ordenada, segura y regular. No obstante, con esta nueva ley se inició un proceso de Regularización Migratoria, proceso que excluyó a personas que ingresaron a través de pasos no habilitados, entre quienes hay niñas, niños y jóvenes que tienen una trayectoria académica por concluir. Lo anterior implica que esta nueva ley no promueve el ejercicio del derecho a la educación.
Por otro lado, y siguiendo esta misma línea de ver la situación migratoria como una condicionante, cabe destacar que no basta solo con tener un estatus migratorio regular. También se debe contar con el documento de permanencia definitiva o cursar los cuatro años de enseñanza media en Chile que, por cierto, son requisitos muy difíciles de cumplir. Esto influye negativamente en el acceso a los beneficios de gratuidad y becas estatales que permitirían a la población migrante de menores recursos financiar los estudios superiores de sus hijos e hijas.
Diálogo versus discriminación
Como persona migrante y profesional del Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), me interpelan dichas situaciones de discriminación. En ellas se pone en evidencia que el acceso a estudios superiores es solo para un grupo de estudiantes, y que la interseccionalidad va incrementando y profundizando estas diferencias.
Considero que es momento de dialogar más respecto de la nueva realidad del país y no quedarse con el discurso repetitivo de que “no estábamos preparados”. Es el momento para enfrentar los desafíos que en el ámbito educacional implica la migración. Es imprescindible apelar a conceptos universales como la igualdad y dignidad de las personas y a los derechos de la infancia en esta urgente discusión.
La multiculturalidad en las aulas de colegios, especialmente municipalizados y particulares subvencionados, es hoy una realidad que a veces tensiona pero que sin duda enriquece a la sociedad chilena. Contar con más y mejores técnicos, profesionales e investigadores es lo que Chile requiere para su desarrollo. A este desafío queremos contribuir quienes hemos cruzado la frontera.
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