Durante los últimos dos años en nuestro país se han presentado dos proyectos de ley basados en declaraciones cómo las compartidas por diversas autoridades y parlamentarios del Estado chileno (incluso de candidatos a la Presidencia en las elecciones del año 2025) que aseguran la existencia de una “prioridad” de acceso de las personas inmigrantes en situación irregular por sobre las personas chilenas a servicios públicos como la salud y la educación.

Sin embargo, aquello no encuentra relación ni fundamento con las cifras ni con la normativa vigente sobre acceso a servicios como salas cunas, educación pública, salud o vivienda, lo que además sería ilegal, incluso a la luz de la propia Constitución chilena, al afectar el principio de igualdad ante la ley cómo lo menciona su artículo 19.

A pesar de lo anterior, ya se han aprobado dos nuevas leyes que contienen de forma directa o indirecta esta lógica de supuesta “preferencia” basada en la situación migratoria irregular:

1. En el presupuesto 2026 del Estado de Chile, en el artículo N° 51 de la Ley N° 21.796, se establece: “En el proceso de Admisión Escolar correspondiente al año 2027, el Ministerio de Educación deberá ejecutar las acciones necesarias para otorgar preferencia en la asignación de vacantes a las personas de nacionalidad chilena y a los extranjeros que se encuentren en situación migratoria regular.”
   
2. Con la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, promulgada el 23 de noviembre de 2025 mediante la Ley N° 21.780, se establece en su artículo 17, respecto del reglamento de este nuevo servicio, que: “[…] Con todo, si se trata de delitos en los que se afecten bienes jurídicos de índole patrimonial, no será priorizada la atención de aquellas personas de nacionalidad extranjera que se encuentren en situación migratoria irregular o que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional.”

Esperamos que las autoridades correspondientes, como el Tribunal Constitucional, así como el actual Gobierno o el nuevo entrante, se pronuncien respecto de la inclusión de estas lógicas en la normativa nacional, ya que podrían entrar en tensión con los principios establecidos en la Constitución Política de la República chilena.

Fuentes:
–Camara.cl
–Diario Oficial
–Constitución de Chile
–Infomigra

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