Entre 2016 y 2019 al menos 29 venezolanos y haitianos fueron víctimas de abusos laborales que podrían constituir trabajo forzado. Reclutados por más de 20 empresas intermediadoras de mano de obra agrícola, todas relacionadas con un mismo contratista, los trabajadores relatan que fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneración de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio.
Noticia publicada por Ciperchile Chile el 28 de septiembre de 2021
La Inspección del Trabajo sancionó a algunas de estas empresas por incumplir el descanso dominical y las normas sanitarias mínimas, mientras que la justicia ya falló a favor de algunos trabajadores que denunciaron salarios impagos.
(*) Los nombres de los trabajadores fueron cambiados en este reportaje para proteger su identidad.
A mediados de 2018, Paola González llegó hasta el Hotel Raíces, en Curicó, invitada a una reunión para conseguir trabajo. Había llegado hacía pocos meses desde Venezuela, huyendo como muchos de la crisis de ese país y necesitaba urgentemente obtener un contrato laboral para generar ingresos y conseguir una visa para permanecer en Chile.
Frente a Paola y otras cien personas, la mayoría venezolanos, Manuel Castillo Maldonado expuso la oferta: cosecharían arándanos en diferentes regiones a partir de septiembre. Ganarían $600 mil en promedio y hasta $1 millón. Alojarían en cabañas, les darían alimentación y a mediados del año siguiente se convertirían en una cooperativa, lo que permitiría contratar a más inmigrantes en el mediano plazo.
Licenciados en administración y comercio exterior, bibliotecarios, ex policías, ingenieros, choferes, mecánicos, vendedores y universitarios formaban parte del auditorio que pensó que la oferta les daría estabilidad económica y administrativa, lo que les permitiría enviar remesas a Venezuela e incluso reunirse con sus familias.
La propuesta parecía seria, sobre todo porque en la reunión estaba también Antonio Paz Escalona, entonces coordinador del Plan Migrante, del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Curicó. De hecho, él explicó cómo debían ser los contratos, el pago de las leyes sociales y cómo funcionaba el proceso de visado, cuentan quienes asistieron.
“A nosotros nos dio una seguridad, pero máxima, imagínese. Dijimos: la pegamos con este trabajo. Vamos a trabajar en un proyecto entre la gobernación y la empresa privada, espectacular. Yo dije ‘ya me traigo a mis muchachos, vamos a estar bien’”, cuenta Paola.
La presencia de Paz Escalona se debía a que meses antes, en agosto de 2018, Manuel Castillo Maldonado se reunió con la entonces gobernadora, Macarena Pons, y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) de la gobernación de Curicó para hablar, según publicó la Gobernación en su página de Facebook, de una “modalidad de trabajo que podría ser replicada en otras provincias y regiones” (vea en la siguiente imagen una captura de pantalla con aquella publicación en Facebook). Dicha modalidad tenía que ver con un proceso masivo de ocupación de inmigrantes para la cosecha de arándanos por parte de una empresa contratista: Soluciones Agrícolas SpA. El hombre fuerte detrás de la operación sería su gerente general, Francisco Segundo Mendoza Berríos.
Entre septiembre y octubre, Paola y otros 21 venezolanos firmaron sus contratos en la oficina de Soluciones Agrícolas, entonces ubicada en Arturo Prat 330, Curicó. Pero, las cosas empezaron a ser distintas a lo que se había expuesto en el Hotel Raíces. Los contratos eran todos similares, pero los empleadores variaban. Se leían empresas como Agrícola El Recodo Spa, Servicios De Cosecha Geraldine Alejandra Nilo Cáceres E.I.R.L., Agrícola Paola Molinet Troncoso E.I.R.L. o Servicios Auxiliares para el Agro Erika Segovia E.I.R.L., entre otras.
Además, en los contratos el sueldo era solo de $288 mil, el mínimo legal a esa fecha, y no de $600 mil como les habían dicho. Cuentan los trabajadores entrevistados que en la empresa les aseguraron que así pagarían menos impuestos. Convencidos, firmaron. Con el contrato obtuvieron sus permisos de trabajo, documento obligatorio para que un extranjero pueda emplearse en Chile mientras se tramita la visa de residencia sujeta a contrato.
En octubre de 2018 empezaron las labores, pero al cabo de seis meses todo acabó abruptamente. La oficina de Arturo Prat fue vaciada y abandonada en una noche y Francisco Mendoza Berríos nunca más fue visto por los trabajadores ni por las autoridades. Millones de pesos en sueldos y leyes sociales quedaron sin pagar, mientras que las condiciones de vida y de trabajo no solo no cumplieron con la oferta inicial ni con varias normas laborales, sino que podrían constituir trabajo forzado.
Los antecedentes de esta investigación -realizada por los autores de este reportaje en colaboración con Fundación Libera, una organización contra la trata de personas-, fueron entregados a la Fiscalía y están siendo indagados.
La fiscal a cargo, Marcela Rocha Mella, no se refirió al caso debido a que aún es una investigación reservada. Sin embargo, la fiscal especializada contra la trata de personas, Carolina Suazo, advierte que para que exista restricción de movimiento “no es necesario que la persona esté encadenada o encerrada”, sino que la víctima “no tiene una posibilidad real de salir de la situación”, ya que está sometida a amenazas que pueden ser variadas, asegura, entre ellas el despido y quedar en una situación migratoria irregular. Tampoco es requisito que una persona no reciba dinero para que se considere trabajo forzado, dice la fiscal. “En algunos casos puede haber pago”, dice Suazo, puesto que el delito “no dice relación con eso, sino con la forma, calidad, características del trabajo que se le ha exigido (a una persona) en condiciones que no fueron las comprometidas”. Y agrega: “Está relacionado con una afectación a la libertad”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 11 indicadores para identificar el trabajo forzado, entre los que se cuenta la retención de salarios (parcial o total), el engaño, el abuso de vulnerabilidad, condiciones de vida y de trabajo abusivas, además de amenazas y restricción de movimiento. Así es justamente como se sentía Claudia Rodríguez, una de las compañeras de trabajo de Paola: “Atrapada”. Y “desde la primera semana, al descubrir que las cosas que me prometieron no eran ciertas”, dice. Esta es la historia.
PRIMERA PARADA: EL NORTE
Partieron en bus de Curicó a Coquimbo para trabajar hasta enero en la cosecha de arándanos del fundo Tilama, propiedad de Valles del Sur SpA., empresa que pertenece a San José Farms, accionista del grupo Hortifrut, líder mundial en la producción y comercialización de berries.
Cosechar no fue exactamente el trabajo para el que Paola y el resto de los trabajadores venezolanos fueron llevados a Tilama. La función, en realidad, era “limpiar” los arbustos que ya habían sido cosechados por temporeros haitianos. Limpiar quiere decir revisar las plantas una por una y sacar los pocos frutos rezagados. La diferencia entre hacer esto y cosechar fue, para los venezolanos, radical, porque se trataba de una tarea lenta, pesada y poco productiva, por la que nunca obtendrían el dinero prometido.
A final de mes, según demuestran las liquidaciones de sueldo revisadas, en lugar de los $600 mil prometidos solo consiguieron montos mensuales totales de $90 mil, $50 mil o incluso $30 mil.
“Pensamos que en poco tiempo cumpliríamos parte de nuestras metas, sueños que pronto se desvanecieron y se convirtieron en dolores de cabeza cuando en el primer pago vimos que no era lo que nos habían ofrecido”, cuenta Claudia.
En al menos ocho casos identificados, los anexos de contrato establecían que, además del salario mínimo, los trabajadores ganarían un bono de $430 por kilo una vez que alcanzaran la meta mensual de 2.090 kilos. En otras palabras, el bono comenzaría a hacerse efectivo a partir del kilo 2.091. Pero cosechar más de dos toneladas de fruta mensuales es, según productores agrícolas entrevistados para este reportaje, prácticamente imposible. Para lograrlo, sería necesario cosechar 85 kilos diarios aproximadamente, trabajando de lunes a sábado. Pero, un cosechero con experiencia logra sólo 50 kilos diarios, explica una productora de arándanos que ha preferido resguardar su identidad. Quienes logran esa cantidad, explica, “son excepciones”.
Así, los contratos estaban redactados de tal manera que nunca un trabajador accedería al bono de producción. El sueldo mínimo era, en realidad, a lo único que podían aspirar, pero ni siquiera eso consiguieron.
En muchos casos, el poco dinero sólo les permitió comprar comida. “Recibimos tan poco que solo alcanzaba para comer a medias y enviar algo de dinero a la familia”, dice Oscar Díaz, otro venezolano.
Las condiciones de vida tampoco eran las acordadas. Alojaron en Quilimarí, a una hora del fundo Tilama. “Una casa de tres habitaciones era para 14 personas”, cuenta Paola. Se acomodaron apretados en literas de tres, pero quien dormía en la parte superior sentía el cielo encima. Los que no cupieron en los dormitorios, se instalaron en el living. Todos compartían el único baño.
LOS HAITIANOS
Desde 2016, el aumento de la migración abrió un lucrativo negocio para los intermediadores de mano de obra agrícola que fue explotado por Francisco Mendoza Berríos y sus socios, llegando a constituir una red de 23 empresas contratistas. Desde 2016 a 2018, estas fueron acogiendo a ciudadanos extranjeros y los primeros reclutados fueron haitianos.
Aunque no entendían las leyes laborales chilenas y tampoco conocían sus derechos, según cuentan, sabían que “lo más importante” era tener un contrato para poder solicitar visa. Al igual que los venezolanos, pensaron que la oferta era perfecta: el trabajo les proporcionaba vivienda, comida, transporte, salarios superiores al mínimo y, sobre todo, acceso a un estatus migratorio regular. Firmaron el contrato, cuyos detalles muchos no entendieron.
Los primeros fundos en los que trabajaron fueron Huanilla, de Agrícola San Clemente Limitada; y Tamaya, de Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A., ubicados en Montepatria y Ovalle, respectivamente. En ambos cosecharon mandarinas y desde entonces vieron recortados sus sueldos.
Jean Baptiste recuerda el mes en que recibió más dinero: junio de 2018. Ganó $380 mil, pero eso fue excepcional, asegura, ya que muchas veces ni siquiera recibió los $270 mil que estipulaba su contrato. Por cada balde con mandarinas recibían $300 por parejo, sin importar la cantidad de fruta: “Los baldes no se pesaban”, dice Jean Baptiste, aunque debían llenarlos lo máximo posible. Agrega que los días en que no se trabajaba, porque llovía o porque las faenas aún no comenzaban, simplemente no se pagaban: “Hubo veces en que por 22 días o 24 días seguidos no hubo trabajo y no nos pagó”. “Si no hay trabajo no es culpa nuestra (…). Tienes que pagarnos como dice el contrato”, cuenta que le decían a Manuel Castillo, el representante de Mendoza ante los trabajadores: “Pero no quiso”, cuenta.
El problema, dice Jean Baptiste, “es que nosotros no sabíamos nada de las leyes”.
Dormían en contenedores y algunos en casas de Ovalle que no siempre tenían agua caliente o electricidad. Según cuentan los trabajadores, en ciertos casos hasta 12 personas debían apiñarse en una misma pieza y hasta 30 compartían un baño.
Cuando llegaron a Tilama, el tercer campo para ellos y el primero para los venezolanos, también durmieron en contenedores.
La comida, preparada en cocinas insalubres improvisadas en los campamentos junto a los baños y con poca agua, era para haitianos y venezolanos la misma todos los días: café o té y un trozo de pan para el desayuno; pasta y arroz de almuerzo y cena. Cuando pedían los alimentos para cocinarse ellos mismos, cuenta Enrique Martínez, otro venezolano, les entregaban cantidades insuficientes: “¿Cómo crees tú que con una cebolla y dos papas vamos a hacer una comida para la semana?”, preguntaba.
Claudia pensó que al recibir su primer pago podría tomar una decisión, “pero no fue así, porque también me habían mentido (respecto a las condiciones del contrato)”, cuenta. Además, no les dejaban firmar el libro de asistencia y las horas extras, que eran diarias, no las pagaban. “Con el paso del tiempo todo empeoró, porque nos dijeron que si queríamos podíamos irnos, pero que no iban a responder por nuestro salario adeudado ni por las prestaciones sociales”, explica.
Durante esos meses en Tilama, Claudia no podía dormir por las noches y lloraba constantemente. “Las limitaciones económicas derrumbaron las esperanzas de traer a mi hijo y mi madre que estaban en Venezuela”, cuenta. Pero a eso se sumaba otro factor que la hacía sentirse aún más atada a ese trabajo y sin posibilidad de salir.
LAS AMENAZAS
“Todos vimos cuando una haitiana que pasaba se cayó y se rompió las piernas”, recuerda Paola. El accidente ocurrió en un sector del fundo Tilama donde la pendiente del cerro era particularmente empinada. “Tuvimos que bajar gateando”, cuenta. Al presenciar el accidente, Paola y otros trabajadores ya no quisieron subir. “Bajamos al bus”, cuenta Oscar Díaz, pero “el supervisor fue a buscarnos y nos amenazó. Nos dijo que si no volvíamos a subir nos iba a echar”, dice. Ese supervisor, recuerda, era Roberson Petit-Homme.
Más de 30 personas entrevistadas dicen haber experimentado amenazas mientras trabajaron para Mendoza. La amenaza siempre fue el despido y lo que conlleva: perder el estatus migratorio y los sueldos adeudados, además de quedar, literalmente, en la calle.
Las razones de las amenazas eran también reiterativas: si los trabajadores no cosechaban ciertas cantidades, si se quejaban por la comida, si no querían trabajar en lugares que consideraban peligrosos, si querían registrar la hora de inicio y término de la jornada en el libro de asistencia, si rechazaban trabajar los fines de semana o si no asistían por problemas de salud.
Fabiola Altidor, quien llegó de Haití en enero de 2018 para trabajar directamente con Mendoza, sufrió al menos dos amenazas de despido debido a condiciones de salud. Una de ellas ocurrió en el fundo Tamaya. Con fuertes dolores de estómago, abandonó el predio para dirigirse al hospital de Ovalle, a unos 30 kilómetros. Partió sin notificar al supervisor, quien, al regresar, la reprendió frente a los demás trabajadores y dijo que no se les permitía salir del lugar, ni siquiera por razones de salud, y la amenazó con despedirla y desalojarla.
Ser despedido implicaba, en primer lugar, detener el proceso de obtención de visa sujeta a contrato (la que todavía estaba siendo tramitada) y frustrar la obtención de la denominada “Permanencia Definitiva”, con la cual se puede residir indefinidamente en el país. Ese estatus migratorio es, en la mayoría de los casos, el anhelo de los trabajadores extranjeros, pero deben cumplir dos años seguidos de visa sujeta a contrato con el mismo empleador. En otras palabras, debían trabajar con Mendoza durante dos años.
Para todos los trabajadores entrevistados, irse no era una opción. “Él siempre decía que si cambiábamos de trabajo nadie iba a tener su residencia permanente”, cuenta Bernard Sanon, uno de los haitianos. “Si renunciábamos -agrega el venezolano, Miguel Ángel Pérez- nuestros documentos quedaban en el aire”.
Las amenazas llegaron incluso a la violencia física. Herold Guillaume, haitiano, quien trabajaba para Francisco Mendoza desde 2016, recibió un día, mientras cosechaba en Tilama, un llamado de emergencia de su mujer, Judith. Ella estaba embarazada y se alojaba, junto con otras tres ex temporeras en la misma condición, en una casa en Ovalle. La dueña de la casa había cortado el agua, el gas y la electricidad. Según Herold, Francisco Mendoza no había pagado el arriendo hacía varios meses, a pesar de que mensualmente descontaba para ese fin $100 mil del sueldo de cada uno de los futuros padres. Ante la situación, Herold decidió partir de inmediato a Ovalle, pero el supervisor Roberson consideró que no tenía derecho a abandonar el fundo. Lo encontró en el paradero esperando el bus a Quilimarí y lo golpeó allí mismo, frente a otros haitianos.
El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI, asegura que la promesa de obtener la regularidad migratoria y la amenaza de perderla es frecuentemente uno de los medios comisivos del delito de trata de personas en Chile:
-Les dicen “mira, tú no tienes donde vivir, no hablas el idioma, así que sigue conmigo y yo me voy a encargar de hacer que te den una visa y ahí te puedes ir (…), si te vas no podrás efectuar los trámites migratorios para regularizarte”. Esos son los tipos de amenaza-, asegura Lanzarini.
Valles del Sur, propietaria del fundo Tilama, aseguró mediante un correo electrónico que no estaban al tanto de lo descrito debido a que “la relación de nuestra empresa es con el supervisor del prestador de servicios y no con sus trabajadores directamente”. En su respuesta, la empresa agregó que “siempre estamos pendientes de que se mantenga un ambiente normal y adecuado de trabajo” e informó que “en 2019 terminamos nuestra relación con el Sr. Mendoza, ya que nuestros protocolos internos detectaron incumplimientos de su parte en algunos pagos de remuneraciones (…). Esta situación, además de dar término a esta relación, nos llevó a asumir y efectuar nosotros el pago de remuneraciones adeudadas”. Ninguno de los entrevistados confirmó haber recibido dicho pago.
Agrícola San Clemente Limitada y Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A. no respondieron nuestras preguntas. Tampoco lo hizo Manuel Castillo Maldonado y fue imposible contactar a Francisco Mendoza Berríos. Lo llamamos a distintos números de teléfono de diferentes empresas, pero ninguno contestó y algunos ya ni siquiera existen. También intentamos contactarlo por medio de Facebook, pero no obtuvimos respuesta y ninguna de las personas que entrevistamos y que trabajaron para sus empresas guarda hoy alguna dirección de correo electrónico de él.
SEGUNDA PARADA: EL SUR
Si la experiencia de Tilama fue frustrante, faltaba lo peor para Paola y otros 18 venezolanos y diez haitianos entrevistados que decidieron seguir con Mendoza luego de que acabara la temporada en el norte. Para entonces habían firmado una “Modificación de Contrato” que establecía que ahora el mandante -es decir donde se llevaría a cabo la cosecha-, sería Agrícola Los Robles Limitada, propietaria de fundo El Arrayán, ubicado a unos cinco kilómetros de Purranque (Región de Los Lagos). Un segundo fundo aparecería luego, Caiquenes, de Inversiones La Estaquilla S.A.
Algunos venezolanos que habían trabajado en Tilama rechazaron la oferta y se devolvieron a Curicó. Quienes sí firmaron –unas 200 personas, según los testimonios–, recibieron todo tipo de disculpas y promesas: “En el sur todo será diferente”, recuerdan que les decían. Todos necesitaban el empleo y alojamiento, porque no tenían dinero para comenzar en otro lugar. Además, el esfuerzo debía al menos valer la pena para lograr la visa y postular a la Permanencia Definitiva.
En Los Lagos, las cosas resultaron ser un deja vu del norte, aunque las condiciones habitacionales esta vez fueron peor. Los más afectados se quedaron en 20 contenedores instalados cerca del predio y en donde “al principio no había nada, ni cocina ni baños”, explica una trabajadora. Los primeros días debían bañarse con baldes de agua, incluso a la intemperie. Luego instalaron seis duchas unisex con cortinas transparentes para un total de 94 trabajadores. No había comedor, y se cocinaba junto a los baños químicos, los que se limpiaban una vez a la semana. El resultado era un espacio denigrante y nauseabundo.
“Tengo amigos que vivían allí y me decían que era terrible. Incluso los vecinos del campamento comenzaron a quejarse”, cuenta una persona que se alojó en La Unión.
En febrero del 2019, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno se presentó en el campamento. El organismo detectó que las distintas empresas –Soluciones Agrícolas SPA, Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA, Servicios de Cosechas Nilo SPA, Paola Andrea Molinet Troncoso Servicios de Cosecha EIRL– estaban relacionadas entre sí. Lo mismo advirtió más tarde el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, al asegurar que las empresas constituyen una unidad económica, ligadas por idénticos representantes legales o por los mismos socios. Algunas están conectadas porque sus dueños son familiares y todas tienen una dirección laboral común. Ninguna se encontraba inscrita en el Registro de Intermediadores Agrícolas que lleva la Dirección del Trabajo y que constituye un requisito obligatorio para operar.
Todas fueron sancionadas por incumplir normas sanitarias al “no proveer condiciones mínimas de campamento”. En concreto, las faltas eran “no contar con cuartos de baño dispuestos [equipados] de excusado, lavatorio y ducha con agua fría y caliente, separado para hombres y mujeres y no proveer dormitorios, container para pernoctar, separados por sexo”.
Además, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno en conjunto con la Seremi de Salud constató que los lugares de habitación no cumplían con el espacio necesario, la ubicación, las condiciones de aislamiento y temperatura; que existía una falta de manejo y disposición adecuados de desechos industriales líquidos y sólidos, y que faltaban medios para extinguir incendios.
Los temporeros trabajaban desde las 8:30 hasta las 20:30 y solo tenían 30 minutos para almorzar. Así lo precisan también las demandas laborales que más tarde algunos trabajadores interpusieron contra las empresas de Mendoza. Además, varios temporeros aseguraron que tenían prohibido poner la hora de entrada y de salida en el libro de asistencia. “Nosotros nada más estábamos autorizados [a] firmar”, explica una entrevistada.
Los domingos y festivos también se trabajaba. De hecho, las empresas fiscalizadas fueron sancionadas por “no otorgar descanso dominical y/o festivos”.
Las largas jornadas se sucedían cosechando sin guantes, sin gorros y sin protección solar. Al final del mes no se informaba respecto de la cantidad de kilos recogidos y los trabajadores recibían montos aparentemente aleatorios y bajos, sin que se les detallara cómo se habían calculado, más la promesa de que lo adeudado se pagaría “después”. Respecto de las leyes sociales, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno constató que no eran pagadas correctamente y en algunos casos, como en el de Paola, nunca fueron canceladas. Así también lo precisa la sentencia del juzgado.
En medio de todo este escenario, las amenazas de despido se intensificaron: “Empezó [el supervisor] a hacernos amenazas individuales. Si no hacíamos 10 cajas [de arándanos] en el día, nos iban a despedir. Al día siguiente hicimos 12 cajas, [y dijeron que] si no hacemos 14 cajas, nos despedirán. Al día siguiente, si no hacemos 15 cajas, nos despedirían”, dice un entrevistado. Incluso, el agua parecía ser entregada a regañadientes: “Todos los días gritábamos ‘y el agua y el agua’, y el agua tardaba en llegar. Pero un día eran como las cuatro de la tarde y no habían traído agua. Y empezamos a gritar y gritar: ‘No somos esclavos, danos agua, danos agua»’, cuenta Paola.
Para los trabajadores entrevistados la situación era “una locura. Por la presión, el hambre, la necesidad, la situación que vivíamos era desesperada”, dicen.
Agrícola Los Robles aseguró que los primeros dos años con el contratista se desarrollaron “sin ningún tipo de problema”, pero que “en el tercer año, al finalizar la cosecha, nos dimos cuenta que la empresa comenzó a tener irregularidades laborales y de caja. Producto de eso, dejamos de trabajar con ellos”.
En opinión de la fiscal Carolina Suazo, “sería esperable” que ante información como la levantada en este caso, la Inspección del Trabajo “hiciera una denuncia para que se investigue cuál es la situación, sobre todo si son migrantes que han ingresado hace poco al país”, dice. Además, porque según explica el subprefecto Lanzarini, en los casos de trata de personas con fines laborales el delito ocurre así: “Ofrecen excelentes condiciones, mil dólares de salario, buen horario de trabajo, descanso, vacaciones, un buen lugar donde vivir e incluso hasta la comida”. Pero una vez que están en el lugar, dice, “ya el salario no son mil dólares, trabajan todo el día en jornadas extenuantes, sábado y domingo, no tienen vacaciones, viven en condiciones deplorables, hacinados, bajo presión” y, además, “muchas veces no hablan el idioma, no tienen a quién pedir ayuda”.
Ese era el caso de Bernard Sanon y de muchos otros. “Cuando estaba con él (Mendoza), no sabía nada de leyes, no sabía cómo estaban las cosas, no hablaba mucho español. No tuve apoyo. No teníamos a nadie que nos ayudara”.
Sin embargo, las empresas de Mendoza sólo recibieron multas por incumplimiento administrativo. Según la información entregada por la Dirección del Trabajo, los hechos no fueron denunciados ni a la Bitrap ni al Ministerio Público, a pesar de que este organismo forma parte de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas y debe denunciar los hechos que pudieran ser constitutivos de trata de personas. El inspector provincial de Osorno, Juan Sánchez Pinto, señaló tener el recuerdo de haber hablado con la PDI, pero que por el tiempo transcurrido no tenía certeza de ello y debía revisar las diligencias realizadas. Hasta la publicación de este reportaje, no lo confirmó.
“Cuando hace fiscalizaciones, la Inspección del Trabajo muchas veces lo ve como infracciones al Código Laboral. Es un problema de detección, pues no porque en una empresa exista un contrato de trabajo va significar que no exista la posibilidad de trata de persona”, insiste Lanzarini: “Si usted googlea ‘trata de persona’ va a encontrar imágenes que no tienen nada que ver con eso: gente amarrada, en cadenas, detrás de barrotes. Eso no existe, porque la trata de persona es un modo de esclavitud moderna donde no hay barrotes, sino que la gente es controlada a través de un medio comisivo que no se ve, como el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, amenazas y engaños”.
“EN REBELDÍA”
Para marzo de 2019 los trabajadores seguían sin recibir salarios, sin obtener su visa, pasando frío, muchas veces hambre y habiendo gastado sus pocos recursos en mejorar su alimentación.
El trabajo en los fundos El Arrayán y Caiquenes había terminado y todos fueron trasladados a Curicó para desempeñarse en packing de uva y cosecha de manzanas. Algunos no continuaron, dando por perdidos los sueldos infinitas veces postergados, olvidando su visa sujeta a contrato y, por ende, la Permanencia Definitiva.
Otros continuaron, esperanzados en que la visa llegaría. “Trabajamos con él (Mendoza) mucho tiempo, porque queríamos tener papeles. Siempre pensé que una vez que los tuviera, lo dejaría inmediatamente”, dice Bernard Sanon.
Dejaron Purranque en la noche y llegaron a Curicó en la madrugada.
A la mañana siguiente, los trabajadores, entre los que se encontraba Paola, fueron citados por Manuel Castillo para recibir el pago de febrero. Paola se percató de que, una vez más, el monto no correspondía y decidió interponer, junto a otros compañeros, una denuncia en la Inspección del Trabajo. Castillo despidió -“por necesidad de la empresa”- a todos los que firmaron la denuncia. Así lo relata la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó que falló en favor de Paola.
Para los demás, la historia también terminó en Curicó, aunque de manera diferente.
Al cabo de un mes, los trabajadores venezolanos fueron reunidos y les comunicaron que la empresa había quebrado. “Me dijeron ‘toma $100 mil y ya está’, más nada”, asegura uno de los entrevistados.
A los haitianos que habían comenzado a trabajar en el packing, les dijeron que debían firmar una carta de renuncia voluntaria, en la que se establecía que las empresas no tenían deudas pendientes. Los haitianos que habían comenzado a cosechar manzanas, en tanto, también fueron obligados a firmar una carta de renuncia a cambio de $100 mil.
Para fines de marzo, Francisco Mendoza acumulaba 25 demandas laborales por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales. Ni él ni ninguno de los representantes legales de la red de empresas se presentaron a los juicios. Los declararon culpables “en rebeldía”, según las cinco sentencias que fallaron los casos, y fueron condenados a pagar todo lo adeudado en remuneraciones, aviso previo, vacaciones, cotizaciones impagas y horas extras. Los montos van desde los $7 millones a los $17 millones. Además, siete empresas fueron sancionadas por la Inspección del Trabajo por un total de 288 UTM.
Para esa misma fecha, la oficina de Soluciones Agrícolas SpA, en calle Arturo Prat 330, había sido desocupada por la noche. Una de las entrevistadas, que hacía aseo en el lugar, cuenta que una mañana llegó y “toqué y toqué, y no abrió nadie. Después salió una [persona] de la oficina del frente y dijeron ‘ahí no hay nadie. Esa oficina la desocuparon’. No quedó nada, ni sillas. Llamé a la haitiana que era su secretaria y me dijo: ‘también me dejaron botada’”.
IMPUNIDAD PARA EL TRABAJO FORZADO
¿Por qué la gobernación de Curicó se prestó para dar credibilidad a las empresas de Francisco Mendoza? Según Juan de Dios Cardemil –quien actualmente es el encargado del Departamento de Extranjería (DEM) de la Gobernación Provincial de Curicó– charlas como la realizada en el Hotel Raíces se hacen como actividad de “vinculación con el medio”. Sin embargo, reconoce que no existe un protocolo para discriminar si el DEM debe o no respaldar a una empresa u organización en particular. “Es algo súper abierto”, dice.
Sergio Maureira, secretario general de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX), asegura que “la política de cumplimiento laboral en Chile no considera un sistema de certificación, cuestión que como gremio hemos planteado varias veces al Ministerio del Trabajo, como un instrumento que eleve el cumplimiento de las empresas”. Según Maureira, la respuesta que han recibido es que “legalmente no es posible, pues los organismos fiscalizadores están facultados solo para fiscalizar y sancionar, pero no para establecer políticas de cumplimiento preventivo”.
En las últimas ediciones del Informe sobre Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha destacado la preocupación por el bajo número de investigaciones y enjuiciamientos por trata de personas con fines de trabajo forzoso en Chile. Según la Dirección de Trabajo, no hubo casos relacionados con trata de personas con fines de trabajo forzado en las regiones de Coquimbo, Maule y Los Lagos entre 2016 y 2020.
La fiscal Carolina Suazo indica que una de las principales trabas para perseguir el trabajo forzado en Chile es que, por ley, éste solo puede ser penado cuando está vinculado a trata de personas. Pero, “no todo caso de trabajo forzado es trata de personas”, explica.
Para que exista trata de personas, debe acreditarse la existencia de tres acciones previas: captación, traslado y recepción o acogida. “Aquellas situaciones en que no se pueden acreditar estos tres ejes, quedan sin sanción”, dice la fiscal, aunque se acredite la existencia de trabajo forzado. “Si no es trata de personas, queda impune”, agrega.
Entre 2019 y 2020, fueron investigadas 21 causas por trata de personas con fines de trabajo forzado. De ellas, 17 terminaron en archivo provisional, pues no aparecieron antecedentes que permitieran desarrollar diligencias. Por ahora, los extrabajadores de Francisco Mendoza esperan a ver si sus causas engrosan esa lista de casos archivados.
(**) Esta investigación periodística se financió con una subvención de Freedom Fund, una organización internacional contra la esclavitud.
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