Luego de realizar una auditoría al proceso de solicitudes de residencias temporales y definitivas que tramita el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) durante el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022, la Contraloría General de la República instruyó la realización de un “procedimiento disciplinario” para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la demora de la tramitación de dichas solicitudes.
Entre las otras medidas que dictó Contraloría, le solicitó al Servicio de Migraciones “continuar con el proceso de revisión de las solicitudes anotadas, a fin de disminuir aquellas que se encuentran pendientes, de todo lo anterior, el servicio tendrá que informar el estado de su avance, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final”.
Revisa aquí el informe final de la auditoría:
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