Representantes de diversos sectores económicos se cuadraron tras la idea del diputado Francisco Undurraga, que busca reducir el porcentaje mínimo de trabajadores chilenos que se le exige contratar a un empleador, cuota que actualmente es de 85%.
Hace unas semanas, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) presentó un proyecto de ley que busca reducir el porcentaje mínimo de trabajadores chilenos que se le exige contratar a un empleador, cuota que actualmente es de un 85% para las sociedades con más de 25 dependientes.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, propone disminuir dicho porcentaje a 60%. Así, las firmas podrían tener hasta un 40% de trabajadores migrantes. “Esta norma (…) cuyo origen se remonta hace más de noventa años, no se condice con el contexto actual de un mundo globalizado, con alto flujo migratorio e intercambio cultural”, dice el texto.
En los gremios empresariales ven con buenos ojos la moción.
“Se debe avanzar en eso. Es una medida correcta, humanitaria, para podernos hacer cargo del escenario actual. Hoy casi un 10% de la población es migrante”, dice el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.
Al interior de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también ven con buenos ojos la idea, dice el titular del gremio, Cristián Allendes, ya que en el contexto de una población rural “que ha venido envejeciendo o donde los más jóvenes han migrado a la ciudad, poder ofrecer más puestos de trabajo a extranjeros nos parece positivo”.
Para él, esta medida debe ir de la mano de una adecuada regularización de la migración en Chile y de una política laboral que permita solucionar situaciones de informalidad con estos trabajadores en el agro.
Una opinión en la misma línea entrega Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Cree que la inmigración es una gran oportunidad para fortalecer y enriquecer el desarrollo social y cultural del país, así como para aumentar la productividad y competitividad de la fuerza laboral y de la economía.
“Esto se hace más importante con una población que enfrenta una tendencia a la baja de su tasa de natalidad, de un mercado laboral que enfrenta una escasez de oferta en diversas industrias y regiones- a pesar de que aún no volvemos a los niveles de ocupación previos a la pandemia- y de un incremento persistente de la informalidad laboral”, sostiene.
¿Más formalidad?
En el comercio y el turismo creen que la flexibilización de la cuota puede ser una buena alternativa para incentivar la formalización en el sector.
Según Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en el sector el 33% de los trabajadores migrantes son ocupados por cuenta propia (versus el 23% de los chilenos). Para él, una normativa más flexible respecto a la cuota de contratación “podría aumentar el porcentaje de migrantes contratados de manera dependiente, propiciando a trabajos más formales”.
Con todo, opina que un cambio así, aunque necesario, requiere de un diálogo social entre trabajadores, empleadores y entidades fiscalizadoras.
Una lectura similar entrega María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Si bien señala estar de acuerdo con ampliar el acceso al mercado laboral de los migrantes, como gremio consideran que “el análisis de este tipo de normas debe incluir una estrategia que aborde la crisis migratoria que enfrentamos, lo que hace complejo el momento actual. Es urgente hacernos cargo de esta crisis como punto de partida para avanzar en esta área”.
Coincide en que un cambio en la cuota de migración impulsará la empleabilidad formal de los migrantes.
“Es una buena idea, pero no me parece que vaya a afectar demasiado a nivel general, a nivel macro de las grandes cifras del mercado laboral, pero podría aliviar la situación de algunas empresas y sectores en particular”, dice Benjamín Villena, economista y académico de la UNAB.
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