Sin cédula de identidad: la desprotección de la infancia no regularizada en Chile

2 Nov, 2022

Según cifras del Servicio de Jesuíta Migrante, al menos 56,586 personas ingresaron por pasos no habilitados en el 2021.

Noticia publicada el 29 de octubre del 2022 por revistasur.cl

Durante una rueda de prensa que tuvo lugar en Antofagasta el 13 de octubre de 2022, el presidente Gabriel Boric declaró que quienes hayan ingresado por pasos no habilitados “se regularizan o se van”.  Habló también de la necesidad de proteger a los niños y de crear más albergues, así como de la implementación de dos proyectos para atender la situación migratoria del norte del país. Sobre uno de ellos, el  presidente aseguró que las expulsiones administrativas se harían más expeditas mediante mecanismos de notificación y que se avanzaría en la implementación de un registro biométrico y biográfico de todas las personas extranjeras que se encuentran dentro del país en situación migratoria irregular. “Queremos saber quiénes son, dónde viven, su identidad y de esta manera avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular siempre respetando los derechos humanos de las personas y también haciéndonos cargo de la ciudadanía que vive en los lugares que han sido más impactados por la migración”, afirmó.

Pero ¿puede el Estado chileno avanzar hacia una migración segura, ordenada y regulada que respete los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo podría ejecutarse este proyecto dentro del escenario actual y de la Nueva ley de migraciones?

De acuerdo a una entrevista hecha a Víctor Flores, Coordinador de gestión territorial de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el día 1º de septiembre del año en curso, se calcula que de ese total el 30% son menores de edad.  De ser así, se estima que entre el 2018 y el 2021, han ingresado a Chile por pasos no habilitados un aproximado de 30,856 niños, niñas y adolescentes (NNA).

¿Cómo lograr la regularización? El proceso es largo y comprende trámites engorrosos.  Lo primero es autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), es decir, hacer lo que en el lenguaje formal llaman una “Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino” y que consiste en que la persona llena una planilla con sus datos y presenta cualquier documento de identidad. En caso de no tener este último, debe solicitarlo ante el Consulado de su país, acción que en muchos casos resulta imposible dadas las crisis humanitarias e institucionales de los países de origen.  A la autodenuncia sigue una notificación en la que se cita al solicitante para darle la tarjeta de infractor.  Después se entrega otro comunicado con la orden de expulsión. Una vez recibida esta, el inmigrante debe tener a mano a un abogado que evalúe su caso para saber si puede apelar o no esa decisión.  

Como en la Nueva ley de migraciones se establece que cualquier extranjero que cometa una infracción es susceptible de expulsión y dentro de estas infracciones está la de haber ingresado por pasos no habilitados (ver artículo 32, inciso 3); una cantidad importante de estos inmigrantes no se autodenuncia.  Sin embargo, a veces no tienen opción. Tal es el caso de mujeres embarazadas que al someterse a un parto o cesárea en Chile deben hacerlo.  De modo que para evitar la expulsión, se debe de recurrir a recursos administrativos ante el Servicio Nacional de Migración, o de interponer recursos de protección, de amparo, que pueden invocar ciertas temáticas relativas a la reunificación familiar o a los derechos humanos; así lo afirma Francisco Villanueva, abogado de la ONG Colectivo Sin Fronteras (CSF). 

Si estas etapas son sorteadas con éxito y el inmigrante logra permanecer en el país, puede obtener una Permanencia transitoria, que es un permiso que se entrega por tiempo limitado a los extranjeros que ingresen al territorio sin intenciones de establecerse;  una Residencia temporal, un permiso que se entrega a los migrantes que quieran establecerse en Chile por un tiempo determinado; o una Residencia definitiva que consiste en un permiso para establecerse de forma indefinida en Chile y que autoriza el desarrollo de cualquier actividad lícita. Una vez otorgado los dos últimos permisos, el extranjero puede obtener, vía Registro Civil, una cédula de identidad o un Registro Único Tributario, en adelante Rut. 

De modo que este proceso de “migración segura, ordenada y regular” puede tardar años en Chile.  Años en los que los NNA y sus responsables a cargo se ven imposibilitados de tener una cédula de identidad y por ende, de gozar de otros derechos.

Según el Informe Niñez Migrante en contexto de ingreso irregular y sus derechos elaborado por el CSF, organización con veinte años de existencia que trabaja por la interculturalidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes:  “El Estado chileno tiene una deuda con la comunidad migrante respecto a su documentación, pues hay retrasos de años en la entrega de visas y residencias de los adultos a cargo que inciden en la protección y el bienestar de los niños”.  El informe es parte de una Campaña realizada en el 2021 que abordó la situación de 731 NNA a partir del contacto con 450 familias. Entre sus resultados se afirma que “El 57,87% de los NNA no cuenta con pasaporte, el 2% no cuenta con partida de nacimiento, y solo el 40,49% tiene un documento legalizado o apostillado (…) Hay algunos que directamente no tienen ninguna documentación”. 

En este contexto, los NNA y sus representantes legales que no pueden obtener un Rut ven cercenados derechos a relativos a la obtención de becas y ayudas estudiantiles, acceso a sistemas de salud privados, tener contratos de trabajo formales, créditos o subsidios para adquirir, rentar, construir y remodelar viviendas, abrir cuentas en bancos y hasta contratar una línea telefónica. 

Art. 8. Inciso 2 de la CDN “Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.

Los casos

Cansada de la situación política y negada a inscribirse en un consejo comunal para conseguir una bolsa de comida, Arennys sale de Venezuela en agosto del 2017.  Con pasaporte en mano llegó en bus a Colombia y allí le robaron el documento.

En esta estadía que duró casi dos años, Arennys entabla una relación con Luis, un peruano residente en Chile con el que se reuniría en Lima en el 2019.  Tras el encuentro, Luis vuelve a Chile por cuestiones de trabajo y el mismo día de su viaje se enteran de que van a ser padres.  Temerosa de perder el bebé, pues los primeros meses son más propensos a sufrir pérdidas, la pareja decide que Arennys debe permanecer en Perú hasta que tenga un embarazo más fijado y pueda viajar a Chile para formar una familia. Teniendo cinco meses de gestación, Arennys viaja sin pasaporte y sin su pareja en enero del 2021. 

En plena pandemia y con las fronteras cerradas, el viaje estuvo plagado de los miedos a ser devuelta y a perder el bebé.  Por fortuna, su condición hizo que el grupo con el que viajaba y en el que habían varios niños, le brindara una atención y protección especial.  Tras haber logrado llegar a Iquique, Arennys se comunicó con Luis, quien la mandó a buscar con un camionero amigo que la trajo hasta Santiago durante día y medio de viaje: “Los niños caminaban súper guerreros, de verdad. Mira, no lloraban, no lloraban porque ellos sabían que iban a un lugar mejor”, comenta. 

En Santiago, la opción para su regularización era autodenunciarse, pero su compañero que había trabajado en migración le dijo que no lo hiciera: “Me da mucho miedo, así estés embarazada no hay mucha compasión, lo sé porque hemos sacado embarazadas”.   Sin embargo, para poder parir, Arennys tuvo que acudir al Centro de Salud Familiar (CESFAM) y allí, aunque la recibían sin pasaporte y sin visa, era necesario que se autodenunciara.

“Ellos necesitan ver que uno está en un proceso y que te vas a regularizar en algún momento. Me hago la autodenuncia para poder optar al Cesfam, que me hagan los chequeos del bebé y gracias a Dios, mi bebé estaba bien. Estaba súper bien. Pero había que hacer otros chequeos, seguir con el control (…) hacemos lo de la autodenuncia y me dan un rut provisorio en el Cesfam”.

Este identificador provisorio de salud o “rut de salud”, como lo llaman popularmente,  venció después de salir del hospital.  El niño nació en mayo del 2021 y Arennys recibió un correo de la PDI en julio. En éste le comunicaron que debía hacer nuevamente la autodenuncia porque el organismo contaba ahora con una nueva modalidad. Arennys siguió la instrucción y hasta el día de hoy (un año y cinco meses) no ha tenido respuesta, de manera que está sin ningún tipo de documento de identificación. 

“Te dicen que mientras estés en el proceso de la autodenuncia no te pueden sacar del país. Pero hay que esperar la citación para que te llegue una carta de expulsión. En esa carta de expulsión hay que apelar, o sea, tú puedes apelar a la carta de expulsión siempre y cuando tengas familia acá. Hijo, padre, madre, o sea lo más cercano o esposo. Lo que tengo es a mi hijo y es chileno, nació acá pero no estoy casada. Y entonces por mi hijo yo puedo apelar. Sin embargo, hasta la fecha no me ha llegado mi carta de expulsión, entonces estoy en espera de eso”.  

Para Patricia Loredo, Directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, el hecho de que el responsable legal de un niño no cuente con un rut supone la desprotección del menor, pues su derecho a una vida digna pasa por la regularización de su representante legal.   Sobre la entrega de un rut (identificador) provisorio, que se entrega a los niños para educación y salud, y que tienen un año de vigencia, comenta: “Estos identificadores provisorios de salud, de educación, de las AFP (Sistema Previsional de pensiones) son sólo eso y valen sólo para los respectivas instituciones que las otorgan.  Sólo valen para identificar a los niños en educación, si es educación quien otorgó ese identificador provisorio, o para identificar a la persona en el sistema de salud. Las personas suelen confundirse porque obviamente los funcionarios, todo el mundo habla de tu rut provisorio.  Claro, si te dicen que es tu rut provisorio, tú asumes que alguna regularización funcionó ahí provisoriamente y que bueno pueden volver a dártela,  pero hay una confusión porque eso solo sirve para que el sistema informático de educación, de salud, o de la AFP te identifique, o para que te ingresen al sistema informático y puedas existir dentro de sistema.  Un adulto que no tenga rut no puede aplicar al registro social de hogares, no puede establecer contratos de trabajo formales aunque en la práctica sí hay personas que tienen contrato, incluso las AFP les dan un identificador provisorio a las personas que no tienen visa, cédula; pero no es un derecho”. 

“No tengo nada, no tengo rut. Por ende estoy acá con mi cédula venezolana nada más. No tengo documentación, solamente el correo que me dice que no me pueden botar mientras estoy en el proceso.  Sin rut no puedo obtener una cuenta bancaria, no puedo tener un trabajo estable o un trabajo con contrato para luego optar a una visa.  Para viajar también me cuesta.  Yo no puedo comprar un pasaje para ir qué sé yo, a otra región de acá (…) Incluso cuando lo de las vacunas, que había un pase de movilidad para entrar en los restaurantes, mi cuñado me lo prestaba o una amiga de él también que es muy amable. Yo no tuve nada de eso, no tengo nada de eso. A mí me lograron poner una sola vacuna porque en ese tiempo tenía el rut provisorio porque estaba embarazada y en el Cesfam me obligaban, pero ya después de salir del parto se me acaba el rut provisorio y entonces ¿a qué documentación iba yo a cargar mis vacunas?”, comenta Arennys. 

El hijo de Arennys puede tener una cédula porque es chileno.  Sin embargo, sus datos en el Registro civil figuran incompletos: “Mi hijo está registrado por su papá.  Ahí ponen mi nombre, pero no mi documento porque no tengo. O sea, en el registro sale solo el número del papá y sale mi nombre (…) pero él tiene todos los privilegios, tiene Fonasa a través de su papá y con eso lo pudo chequear en el Cesfam”. 

El Fonasa o Fondo Nacional de Salud es un organismo que brinda cobertura de salud primaria a todos sus cotizantes y a todas las personas de bajos recursos con sus respectivas cargas. Este sistema cubre un servicio para más de 15 millones de personas lo que lo hace poco expedito.  Es por esta razón que las personas con mayor ingreso económico optan por contratar aseguradoras privadas tales como las Instituciones de Salud Previsionales, en adelante Isapres. No obstante, para contratar una Isapre también debe tenerse un rut. 

Arennys no puede tener un trabajo formal porque no tiene cédula de identidad y en lo inmediato obtiene ingresos al trabajar en una empresa de importaciones de su pareja. 

Cuando la autodenuncia no es una opción

Adaluz (22) madre soltera oriunda del estado Bolívar, salió de Venezuela en enero de este año buscando darle una buena calidad de vida a su hija de dos años: “Me vine porque tenía un trabajo con el cual ganaba bastante poco. Yo no contaba con el apoyo del papá, entonces fue bastante difícil para mí el tener que criar y llevar los gastos de una niña tan chiquita estando allá y mi mamá tenía un trabajo en el que también ganaba muy poco. Mi mamá trabajaba turnos de 10 a 12 horas y ganaba cinco o seis dólares semanales que es nada, literalmente nada. Y del resto nos dan que si una bolsa de comida. De las comidas que ellos [el gobierno] querían, que era comida mala. Esa era una harina pan que no había forma de hacer una arepa. Eso era el pago, como que te damos esto de dinero y lo demás en comida, no te quejes”.  

Adaluz intentó migrar siguiendo los pasos regulares. Una hermana que ya vivía en Chile la ayudó a sacar el pasaporte de la niña que costó 200 dólares y Adaluz viajó a Caracas para sacar una Visa de Responsabilidad Democrática en la Embajada chilena. Allí le dieron cita para marzo del 2022, pero en noviembre del 2021 hicieron un cierre masivo de fronteras por la pandemia y su cita quedó en el limbo. Aunque podía haber pedido un amparo para estampar su visa, no tenía sentido porque no podía meter a su hija ya que ésta aún no había nacido.  Fue así que nuevamente con la ayuda de su hermana, contrató un “tour de trochas” que costó unos mil dólares y que le garantizaba viajar todo el tiempo acompañada.  El viaje,  tal y como comenta, se lo echó de un tirón. Apenas hizo una parada de un par de días cuando ella, su niña y todos los viajeros se enfermaron de gripe y vómitos. 

En Santiago, Adaluz consigue un trabajo de manera informal, a la niña le proporcionan un rut Fonasa que tiene que renovar cada año y una identificación provisoria para ir al jardín de infantes: “Estoy muy limitada en cuanto a estar sin documentos. Acá no puedo tener cuentas de banco, tengo que tomar el trabajo que consiga a lo que me quieran pagar.  Yo no puedo tener una tarjeta de crédito, no puedo tener algo tan simple como un servicio telefónico, tiene que estar a nombre de otra persona que tenga papeles, porque yo no puedo. Estoy aquí sin identidad, igual que mi hija. O sea, yo no puedo contratar un mejor seguro médico para mi hija, tenemos rut Fonasa pero solo abarca todos los servicios públicos. El de hacer exámenes o esas cosas no se puede. Estoy buscando un trabajo de fin de semana para ganar un poco más y mudarme sola desde hace ocho meses y no lo consigo.  No sé cómo voy a hacer en cuanto a papeles porque piden muchísimos que yo no tengo: contrato de trabajo y carpeta tributaria de los últimos seis sueldos. Entonces para mí es como que estoy a la deriva. Le doy una buena calidad de vida a mi hija porque trabajo mucho, pero igual, no tengo calidad de vida yo porque para todo estoy limitada en cuanto a papeles”. 

Para Adaluz, la autodenuncia no es una opción:  “Si hay personas esperando en un trámite normal, por vías regulares, más de tres años por una residencia definitiva ¿usted cree que el Ministro de Migración va a mirar un expediente de una mamá con una niña que entró por paso no habilitado? O sea, lo puede mirar para dar orden de expulsión y más nada. Por eso no lo hago”, explica. 

Que los padres tengan un trabajo estable, legal, que asegure cotizaciones y posibilidades de acceso a la salud, educación, ayudas sociales y créditos, entre otros; incide en una buena calidad de vida para los niños.  Sobre el punto de la participación laboral, los datos del Servicio Jesuíta Migrante (SJM) analizados a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, arrojan que para el período que abarca de enero a marzo del 2020, la ocupación de la población migrante era del 75% frente a un 56% de la población chilena. En el primer trimestre del 2021 la empleabilidad baja en ambas poblaciones, 72% de ocupación para los migrantes y 50% para los nacionales, lo que puede leerse como un efecto de la pandemia.  No obstante, los números de enero a marzo del 2022 revelan que ha habido una recuperación que incluso sobrepasa la estadística del 2020 en la ocupación de los migrantes, al ubicar la empleabilidad de estos en 76%, frente a un 54% de la ocupación chilena. 

En cuanto a la pobreza, el análisis que el SJM hace a partir de CASEN y que solo posee datos del 2021, se observa un incremento porcentual tanto en los migrantes (17,06%) y los nacionales (10,05%).  Ambos números coinciden con la baja empleabilidad vista en el cuadro anterior y podrían interpretarse como una consecuencia de la pandemia. 

Justo en este período de descenso de la economía, la haitiana Vanou (30), llegó en febrero del 2021 a Chile, tras pasar por Brasil y enfrentar muchos problemas: “Pasé por Bolivia pasando hambre, casi muerta, porque tengo una familia, un hijo de cinco años. Pero no estoy feliz porque no tengo papeles. Me autodenuncié a los tres meses de estar aquí [mayo, 2021] y no me llaman. Estoy esperando. No tengo nada. Yo solo vivo con mi comida, no puedo alquilar un apartamento, alquilo una pieza donde estoy con mi hijo. Ahí comparto una cocina y dos baños con seis personas.  Estudié enfermería en Haití pero no puedo ejercer mi profesión”, comenta mientras vende diversos productos a las afueras del mercado de La Vega.  Si bien le da gracias a la vida porque pudo matricular a su hijo en la escuela presentando solo su pasaporte, padece la precariedad del servicio de salud: “Mi hijo se sintió mal, tenía vómitos y me fui al hospital porque soy luchadora. Me fui a las diez de la mañana y a las siete de la tarde no lo pasaron. Hay mucha gente y no nos pasan, así que después me fui. Y pasas hambre porque no se puede comer en el hospital”.  Vanou tiene un año y cinco meses esperando por su cédula de identidad.

La PDI no responde

Augusto, también haitiano y padre de una niña de cinco años, agradece que su hija tenga acceso a la educación y a la salud, pero teme enfermarse porque cree que migración podría saber dónde está y deportarlo: “Llegué en septiembre del año 2021, hablé con la PDI para saber qué debía hacer y ellos me dijeron que me iban a enviar un mensaje, pero no me han mandado nada. No entiendo eso de contratar a un abogado”, dice.  Mientras tanto, Augusto paga 3,500 pesos diarios para poder trabajar en el mercado de La Vega llevando en un carrito de supermercado las compras de los clientes hasta sus automóviles. El haitiano dice vivir en un departamento de tres habitaciones junto a su hija, su esposa y dos primos más. Tiene un año y un mes esperando para iniciar su proceso. 

En cuanto a la salud, todos los niños cuentan con un rut provisorio Fonasa, que como vimos en el caso de Vanou no garantiza atención inmediata.  En este momento, por ejemplo, Adaluz tiene más de un mes esperando a que le den una consulta con una fonoaudióloga porque la niña todavía no habla. “Puedo llevarla a un servicio de salud privado y me la pueden atender con el pasaporte, pero pagando por supuesto el 100% de la atención médica”.  Vale decir que los costos de una consulta de este tipo cuesta entre 40 y 60 dólares. Esto sin tomar en cuenta los exámenes, procedimientos y los medicamentos del tratamiento.  La estadística del SJM de enero a julio de 2022, revela que los retrasos que mencionan Vanou y Nadia se deben a una saturación del sistema público sanitario. 

Respecto a la educación, si bien todos los entrevistados manifiestan que sus hijos cuentan con un identificador provisorio que les permite asistir a jardines infantiles y escuelas, existen varios problemas.  El primero y quizás más importante tiene que ver con la falta de cupos. Según la Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras, realizado en el 2021; 27,36% no han conseguido vacante y 7,46% no accede por falta del rut provisorio.  

Pero aunque se tenga un cupo en una escuela, hay otros problemas que afectan a los estudiantes y que tienen que ver con los beneficios de los que se ven privados porque no tienen una cédula de identidad.  

Ingresar legalmente tampoco garantiza tener una cédula de identidad

Fue el caso de Daniela García (20), una joven de Maracaibo que llegó a Chile con una visa de turista en el 2018.  En ese momento tenía 16 años y le otorgaron lo que llamaban el rut 100, un identificador provisorio que servía para que los niños, niñas y adolescentes migrantes pudieran matricularse.  Daniela entró en el segundo medio, era dependiente de su mamá y el rut se le venció a los seis meses. Después quedó en el limbo porque no le entregaron un provisorio inmediatamente. Cuando por fin se lo estamparon y le dieron cita para tomarse la foto, se la cancelaron bajo excusa de que se había iniciado el trámite de su mamá. 

De las oportunidades perdidas, la que más le duele es la de haber sido seleccionada para un viaje de intercambio a Nueva Zelanda y no haber podido ir por faltarle el documento. Tampoco pudo acceder a las ayudas del Estado a pesar de contar con excelentes calificaciones. Cercana a cumplir los 18 años, llegaron nuevas inseguridades.  Necesitaba de ayudas oficiales para ir a la Universidad pero no podía aplicar porque seguía sin rut: “Mi incertidumbre empezó con ‘ajá, ¿cómo voy a entrar a la universidad? ¿Cómo podía postular al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS (programa estatal de gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior)? Me perdí de todos los beneficios que tenía por mis notas, porque yo tenía muy buenas notas, porque yo no tenía rut.  Tampoco pude aplicar a JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas).  Y yo me decía ‘¿qué voy a hacer con la Universidad, cómo la voy a pagar? Yo egresé en el 2020, presenté la prueba, quedé en la universidad que quería, con la carrera que quería. De hecho, me eximía del puntaje, porque también había un pase acá que era para los estudiantes de media en el que te ayudaban y te acompañaban durante tu inserción en la educación superior. Y no pude tomarlo porque no tenía cómo pagarlo. Y no podía ver ni siquiera la oportunidad de la gratuidad… Esos fueron mis 18, preguntarme qué pasaba con mi vida”.  

Daniela recibió su rut cuatro años después de haber migrado. “Me lo dan en el 2022 y yo no sentí felicidad ni nada. Sentí como ‘al fin, Dios’. Después de todo, me acostumbré a la incertidumbre”.  Sobre las bromas que le hacían sus amigos en la escuela, comenta: “Siempre te molestan, ‘Ay, estás ilegal’, cosas así, y uno al principio: ajá, el chiste; pero eso igual molestaba”.  También comenta que con el tiempo sus compañeros la defendían y la apoyaban cuando la veían privada de los beneficios con los que sí contaban quienes tenían el rut: ‘Más que distinta me sentía como atrapada porque no podía hacer las cosas que quería hacer’.  

Sobre este aspecto, Patricia Loredo, activista fundadora del CSF, comenta: “permanentemente ese niño o niña está creciendo con una experiencia de vida de no pertenecer, de ser alguien que está sujeto a un control social y eso genera un impacto tremendo en el desarrollo de la personalidad, de la identidad y de la emocionalidad.  Entonces, no es sólo un tema estructural. No es solo un tema que digamos ‘bueno si no tiene visa, hay dos o tres subsidios a los que no va a poder acceder’. No es solo eso, es como ese niño se está construyendo en un país donde permanentemente le hacen saber, le hacen notar que no es igual al resto y que tiene que estar sujeto a un control social porque el Estado es cada vez más un Estado de control de seguridad, casi un estado policiaco. Entonces, dondequiera que van los migrantes encuentran un funcionario de PDI, todos quieren controlar a los migrantes, disciplinarlos. Y pasa también con los niños y niñas, o sea el tema de pedir la cédula o de decir ‘bueno, ¿cuándo va a traer tu mamá la cédula? ¿por qué no tienen carnet?’, de deslizar la idea de que es por irresponsabilidad de los padres que no se pueden regularizar. Todos esos temas son dinámicas que dañan, dañan a los niños y niñas en una edad que es tan importante además para su bienestar.   Entonces es un tema que va mucho más allá del acceso a derechos, es un tema que finalmente nos habla de la necesidad de considerar la integridad del desarrollo de los niños y niñas y brindarles las condiciones para que vivan como cualquier otro”.  

Otra de las privaciones que tienen los migrantes y sus hijos es la del acceso a la vivienda.  Al respecto, Patricia Loredo relata que en la Nueva ley de migraciones: “solamente se habla de acceder a subsidios del Estado para la adquisición de vivienda, pero la política de vivienda en Chile es mucho más amplia, pasa por la construcción en un terreno, la mejora en las viviendas, condiciones para subsidios y arriendo. Hay varias políticas públicas que están vinculadas a la subvención directa del Estado, que dicen que éstas se van a otorgar después de dos años de residencia regular de la persona. Entonces ya tener una residencia en Chile, mucho más con esta ley, es tremendo problema. La persona puede estar ocho años aquí y no tener una residencia, especialmente por ejemplo si tiene ingreso por pasos no habilitados, que pueden tener hijos; o sea, el tiempo que puede demorar para tener una visa acá puede ser bastante alto y si la obtienen tienen que esperar dos años de tener una condición regular para poder obtener algún tipo de ayuda en el Registro social de hogares”. 

Nueva Ley de migraciones, Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

El registro social de hogares es, según se describe en su página web, un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. Entre estos están los subsidios de arriendo de vivienda y de construcción o adquisición de vivienda nueva o usada por sectores medios, en los que la ayuda oscila entre el 70 y el 90%.  

Según se desprende en el Informe de niñez migrante en contexto de ingreso irregular, la mayoría de las familias declaró vivir en condiciones adecuadas. Sin embargo, un número significativo vive en habitaciones en casas antiguas o conventillos, en ranchos o chozas, en residencias móviles como carpas y en hostales, y albergues.  Del 74% que declaró vivir en buenas condiciones habitacionales se observó que el 42% vivía en condiciones de hacinamiento medio y crítico, es decir, los niños conviven con entre 3, 4 y 5 personas o más. 

Viabilidad de las regularizaciones

El camino hacia una regularización segura, ordenada y regular que respete los derechos humanos, tal y como se la ha propuesto el gobierno del Presidente Boric, ¿puede ser viable en el corto plazo? El panorama luce difícil si se toman en cuenta los retrasos en los trámites que como vimos en los casos anteriores, oscilan entre uno y cuatro años.  También porque como comenta el abogado Francisco Villanueva, el Servicio Nacional de Migración sigue exigiendo documentos a niños, niñas, adolescentes y a sus representantes legales, que en la práctica son sumamente difíciles de obtener.  Otro factor es el de que la solicitud se hace a través de plataformas informáticas, lo que representa una barrera para muchísimas personas cuyo acceso a Internet o a elementos electrónicos como computadoras o celulares, es bastante limitado. 

“En torno al mismo tema, si bien existen posibilidades de regularización establecidas de forma extraordinaria a través de las solicitudes que se le hacen al Subsecretario del Interior, estas vías de regularización siguen dependiendo de la voluntad política de turno, que en el anterior gobierno era bastante inexistente, cuestión que ha cambiado. Quizás con el nuevo gobierno ha existido una voluntad de generar regularizaciones para niños, niñas y adolescentes, pero sigue siendo finalmente una cuestión que depende de la política o del gobierno de turno y eso nos parece que no genera políticas públicas claras en materia de regularización de niños migrantes”, agrega Villanueva. Por su parte Patricia Loredo señala que la propuesta de acelerar procesos en el Registro Civil para expedir los rut sigue paralizada. 

Sin embargo, hay otros eventos que manifiestan un guiño de esperanza en el mediano plazo. Patricia Loredo, fundadora del CSF, comenta que ha percibido una disposición a buscar soluciones al tema por parte de las autoridades que no había visto antes.  También señala que durante la Campaña que CSF llevó a cabo junto a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, de las 540 solicitudes de regularización que presentaron, 150 ya han sido aprobadas sin que las familias tuvieran que presentar documentos imposibles de conseguir.  

También puede verse como positivo un descenso de las expulsiones ejecutadas entre el 2019 y el primer semestre del 2022. Sobre estas, dice Villanueva que la Corte Suprema ha respaldado casi de manera uniforme los casos que piden quedarse por reunificación familiar y por temas de derechos humanos.

Las cifras de regularizaciones otorgadas durante la realización de campañas extraordinarias podrían leerse como consoladoras. En la realizada entre el 2018 a diciembre del 2019, de 155,438 inscritos, el 96,2% obtuvo una visa estampada, es decir, una residencia temporal, frente a un 4% de solicitudes rechazadas. 

En la correspondiente al período 2021-2022, las solicitudes ascienden a  209,741 de las cuales 23,025 han sido estampadas, 181,186 están en trámite y solo 2,433 han sido rechazadas. Estos datos también podrían ser estimulantes dada la escasa cifra de rechazos y la acumulación de tramitaciones puede atribuirse al retardo ocasionado por la promulgación de la Nueva ley de Migraciones (11 de abril del 2021), la redacción del reglamento que entró en vigencia en el 2022 y los cambios institucionales que esta nueva jurisprudencia ha implicado. 

Al día siguiente, el presidente rectifica

El 14 del mismo mes, aún en la gira por Antofagasta, el presidente volvió a hablar sobre la regularización de los migrantes en un evento dedicado al tema de seguridad.  Esta vez se refirió a una regularización territorializada. Es decir, a expulsar a aquellos que cometieron delitos y a regularizar a quienes quieran trabajar.  Esta noticia resulta coherente si lo que se pretende es incentivar el crecimiento del país, pues hasta ahora, según los datos del SJM en base a los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), ha habido un incremento sostenido de pago de contribuyentes por parte de los migrantes regularizados. 

En resumen, la situación de derechos de los NNA seguirá siendo precaria en el corto plazo dada la cantidad de solicitudes, el retardo de la institucionalidad y ciertos elementos administrativos establecidos en la Nueva ley que no permitirían la regularización ni de ellos, ni de sus representantes legales. En el mediano plazo la situación puede cambiar si el Estado chileno acelera los procesos de regularización de los migrantes que han pasado por pasos no habilitados implementando justificaciones relativas a los derechos humanos. Esta medida no solo le estará dando la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de gozar plenamente de sus derechos, sino que también estará invirtiendo en el crecimiento de Chile y en su estado de bienestar. 

Noticia Original: https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2022/10/sin-cedula-de-identidad-la-desproteccion-de-la-infancia-no-regularizada-en-chile/

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